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Las pymes son la base de la estructura empresarial (99,9%) en España y, por tanto, la piedra angular de la generación de actividad económica y empleo.

Tanto es así que la recuperación del crecimiento, la lucha contra el desempleo y el mantenimiento del estado de bienestar pasan por fortalecer el tejido pyme, estableciendo un marco fiscal, jurídico y administrativo más adecuado para el desempeño de su actividad. Las organizaciones empresariales han insistido desde hace años en denunciar que la elevada carga fiscal que sufren las pymes y los empresarios autónomos, además de dificultar su actividad y expansión, reduce su competitividad. Y es preciso reorientar las políticas gubernamentales hacia una fiscalidad más sencilla y adecuada, que permita liberar los recursos económicos necesarios para impulsar el crecimiento potencial de la economía a través de la actividad empresarial, el estímulo del trabajo, la asunción de riesgos y el ahorro. Lo que la situación económica actual necesita para acelerar el proceso de recuperación es una inyección que aligere la presión fiscal para que, siendo menos gravosa y opresiva, aumente y mejore la capacidad de financiación de pymes y familias, merme las distorsiones tributarias, reduzca los costes de su cumplimiento y aminore los litigios. Su Gestoría en Valencia está para ayudarle.

Sin embargo, la propuesta del Gobierno, en lo que concierne al Impuesto de Sociedades, pasa de largo de las pymes. Y no solo porque se mantiene el tipo nominal para estas empresas o porque no se consideran sus peculiaridades a la hora de configurar las distintas bonificaciones, reducciones y deducciones sino también porque desatiende el principio de seguridad jurídica. La propuesta del Gobierno no establece algo tan importante como es una adecuada transitoriedad de la norma que respete los beneficios fiscales acumulados por las pymes. Esto altera la rentabilidad de los proyectos ya iniciados y desestabiliza la planificación de las inversiones a medio y largo plazo. Hay otras propuestas, como la reserva de nivelación de bases imponibles negativas, que siendo positivas, por cuanto refuerzan los fondos propios de las compañías y su recapitalización, son insuficientes, porque si la empresa no genera pérdidas en ese periodo, solamente difiere los beneficios fiscales de ese menor gravamen a los próximos cinco años.

Se podrían añadir otras deducciones, que tendrían un impacto positivo en la competitividad de las pymes, tanto por gastos de formación como por actividades de internacionalización, por ejemplo. La reforma del sistema tributario, para incentivar la actividad económica y la consecuente creación de empleo, tiene que tener como principio orientador el de proporcionar mayor disponibilidad de recursos económicos a las familias y a empresas, reduciendo la presión fiscal. Además, esta menor imposición revertirá en la ampliación de las bases de las distintas fuentes tributarias. Ahora bien, esta reforma debe ser compatible con la consecución de los objetivos de déficit, para lo cual es preciso introducir cambios en la estructura y evolución del gasto público, especialmente en aquellos aspectos que afectan a la eficiencia en el funcionamiento y la estructura administrativa del gasto corriente.